El 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas argentinas encabezaron un golpe de Estado contra el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, quien  había asumido la primera magistratura el 1 de julio de 1974, luego del fallecimiento del presidente Juan Domingo Perón. Faltaban unos meses para la realización de las elecciones libres, que habían sido adelantadas para octubre de  1976. El gobierno fue asumido por una Junta Militar integradas por los jefes de las tres armas: Ejército, Armada, Aeronáutica. Las fuerzas de seguridad quedaron subordinadas bajo el control de la Junta. 

Se trató del sexto golpe de Estado ocurrido en el transcurso del siglo XXI. Entre los años 1930 y 1983 nuestro país vio alternarse en el poder más gobiernos dictatoriales que presidentes electos por voto popular. La gravitación del poder militar sobre el sistema político y la sociedad aumentó progresivamente en ese lapso. Los breves intervalos democráticos sucedieron, además, en contextos de inestabilidad y proscripción de la participación política del movimiento peronista.

Los golpes de Estado reiterados consolidaron a las Fuerzas Armadas como reiterados consolidaron a las Fuerzas Armadas como representantes de los sectores concentrados y conservador del poder político y económico. Así, el golpe de Estado de 1976 se produjo en un contexto de extendida interacción del poder militar con facciones dominantes de la sociedad civil (grupos empresarios y sectores eclesiásticos).Por eso la denominación de la dictadura es Cívico-Militar- Eclesial. 

 En mayor o menor medida, todos los golpes militares contaron con la participación, complicidad y compromiso de  sectores civiles, que incidieron y se beneficiaron con sus políticas económicas y represivas. 

Para 1976, el contexto internacional se encontraba dominado por el enfrentamiento entre las dos potencias hegemónicas luego del fin de la Segunda Guerra Mundial: el bloque capitalista, liderado por Estados Unidos, y el bloque socialista liderado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Fue en el contexto de esta dualidad política que se produjo el golpe de Estado en Argentina y en diferentes países de América Latina. 

La intervención de Estados Unidos en la región se apoyó, durante el periodo de la Guerra Fría, en la denominada “doctrina de seguridad nacional”, una estrategia represiva orientada a mantener el predominio sobre lo que consideraba su esfera geográfica y política de influencia. Bajo la hipótesis de que la “amenaza marxista” recorría el continente, esta doctrina alentó (y habilitó para algunos sectores de la sociedad)  la acción de las Fuerzas Armadas  en el combate contra el comunismo al interior de los países, instalando la noción de “guerra interna” y “enemigo interno”. En tanto sostenía que la defensa de la Nación y de la “civilización occidental y cristiana” ya no podía ejerce sólo a partir de los parámetros de una guerra militar clásica sino que debía librarse en todos los frentes (la cultura, la educación, la sociedad, la política y fundamentalmente la economía), la doctrina de la seguridad nacional transformó a las Fuerzas Armadas latinoamericanas en verdaderos ejércitos de ocupación de sus propias sociedades. En nuestra región, el triunfo de la Revolución Cubana en 1959 resultó un anclaje para la justificación y expansión de la doctrina de seguridad nacional, así como un estímulo creciente para el compromiso de las juventudes con un proyecto de cambio social-político y económico revolucionario e igualitario que se expandía también como horizonte en otras zonas del mundo como Asía, África y Europa.

Durante el siglo XX, las luchas obreras y los movimientos políticos habían sido perseguidos por el Estado. Diferentes acciones de contención violenta de la protesta, intervención de sindicatos o supresión de personerías gremiales, proscripción de partidos políticos, encarcelamiento, tortura, bombardeos a la población civil, fusilamientos, desapariciones  y asesinatos en proporciones acotadas (en comparación con lo que sucedería en el periodo 1975-1983) ya habían sido ensayadas desde el Estado. 

Lo gobiernos democráticos no estuvieron exentos de hacer uso de la violencia para la persecución, detención, asesinato, y desaparición de militantes políticos. Por ejemplo, durante la presidencia de Arturo Frondizi  (1958-1962) se impulsó el Plan CONINTES (Conmoción Interna del Estado), que habilitó la intervención militar en el asedio y encarcelamiento de activistas peronistas y de izquierda.  Por otra parte, en los años previos a la última dictadura se extendió el accionar de grupos para-policiales como la Alianza Anti-Comunista Argentina (AAA), el Comando Libertadores de América (grupo para-militar) o la Concentración Nacional Universitaria, verdaderas fuerzas para estatales vinculadas con el aparato represivo tanto militar como policial, quienes fueron responsables de asesinatos, torturas y desapariciones de militantes políticos y activistas sindicales de izquierda y peronistas.

El golpe de Estado de 1976 se inscribe  en esta larga y compleja serie de la historia política argentina, al mismo tiempo se recorta de ella por la masividad, sistematicidad, intensidad y propósito de su intervención represiva. No se trata solo de una diferencia cuantitativa, sino de la implantación de un dispositivo de terror con características inéditas que se propuso reconfigurar de modo estructural la sociedad argentina.

Las Fuerzas Armadas y los sectores económicos dominantes consideraban que la inestabilidad política y el origen de los conflictos sociales en la Argentina obedecían a un excesivo intervencionismo estatal.

Como expresara el ministro José Alfredo Martínez de Hoz, a partir del golpe “se abre un nuevo capítulo en la historia económica. Hemos dado vuelta una hoja  del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas…” (Discurso del 2 de abril de 1976). 

La profunda transformación de la estructura económica implicó una doble  desarticulación y liquidación: por un lado, la del proceso organizativo de las y los trabajadores; por otro, la de la pequeña y mediana  industria, que decreció en favor de los sectores financieros-especulativos. En los primeros años posteriores a l golpe se produjo el cierre de más de veinte mil establecimientos fabriles; el producto bruto del sector cayó cerca de un 20% entre 1976 y 1983; la ocupación disminuyó  en ese periodo y se redujo del 28 al 22% el peso relativo de la actividad manufacturera en el conjunto de la economía. El país viró de un esquema de desarrollo centrado en la capacidad de dinamización de la industria y el privilegio del mercado interno, hacia otro esquema que, en un contexto de creciente endeudamiento, privilegió la valoración financiera del capital y la transferencia de recursos al exterior. La deuda externa durante la dictadura aumentó de 8.000 millones a 43.000 millones  de dólares. 

En 1982, como acto final del enorme traspaso de riqueza  de los sectores populares a los sectores concentrados de la economía a nivel local y transnacional, Domingo Cavallo, en ese entonces integrante del Banco Central (luego sería Ministro de Economía de Carlos Menem y también en la etapa  final del Gobierno de De La Rúa) estatizó la deuda externa privada. Tanto la estatización de la deuda como otros delitos económicos cometidos durante la dictadura militar fueron investigados en la primera etapa de la transición democrática. Durante la presidencia de Raúl Alfonsín fue nombrado como titular de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas el abogado Ricardo Molinas. Desde ese cargo condujo las primeras investigaciones oficiales sobre los casos del vaciamientos de YPF, la venta fraudulenta de distribuidora de energía Ítalo y la liquidación y trasferencia del paquete accionario de Papel Prensa a las empresas Clarín, La Nación y la Razón, en un contexto de sucesivas presiones, ahogo financiero del grupo y secuestro y tortura de varios de sus integrantes. 

Las numerosas investigaciones judiciales intentan desentrañar las responsabilidades penales de actores económicos. Así ocurre con las causas que involucran a dueños y personal jerárquico de las empresas Ingeniero Ledesma, Compañía Minera Aguilar, Ford, La Nueva Provincia, Dálmine Siderca, Propulsora Sidedurgica S.A, Acindar, Loma Negra, Las Marías, Astilleros Astarsa y Mestrina, las ceramistas Cattáneo y Losadur y Molinos Río de la Plata, entre otras.