Indultos
Con el país en una crisis política social y económica la presidencia de Raúl Alfonsín llega a su fin. Con elecciones adelantadas, resulta ganador Carlos Saúl Menem. En las primeras semanas de su gobierno, que se inició de forma anticipada el 8 de julio de 1989, Menem anunció su intención de alcanzar una pacificación a través de la herramienta del indulto presidencial.
Esa decisión causó el categórico rechazo de los organismos de derechos humanos y de los familiares de las víctimas de la dictadura que gobernó Argentina entre 1976 y 1983.
A los pocos meses, el 7 de octubre de 1989, el presidente firmó cuatro decretos por los cuales les otorgó el perdón a 220 militares y 70 civiles.
El anuncio de estos indultos lo haría en la Base Aérea de Chamical, uno de los epicentros de la dictadura en La Rioja, lugar donde mantuvieron secuestrados y fueron torturaron los curas Carlos de Dios Murias y Gabriel Longeville para luego asesinarlos; y donde se planeó y ejecutó el asesinato de Monseñor Enrique Angelelli.
Entre los beneficiados por los indultos se encontraban los jefes militares procesados que no habían sido favorecidos por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, promulgadas durante la presidencia de Ricardo Alfonsín en 1986 y 1987; a los carapintadas que se habían alzado para pedir mayor impunidad durante el gobierno de Alfonsín; a los ex miembros de la Junta militar condenados por sus responsabilidades políticas y crímenes militares en la Guerra de Malvinas: teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri, almirante Jorge Isaac Anaya y brigadier general Basilio Arturo Ignacio Lami Dozo. Los indultos también alcanzaron a los líderes de organizaciones armadas, que habían sido juzgados y condenados durante la presidencia de Alfonsín.
Luego, en 1990, se les concedió el indulto a las figuras más visibles de la dictadura, que habían sido condenadas en el Juicio a las Juntas de 1985. Sobre los comandantes Jorge Rafael Videla, Emilio Massera, Orlando Agosti, Roberto Viola y Armando Lambruschini pesaban penas de cuatro años a reclusión perpetua, que quedaron anuladas. Otro beneficiado fue el exministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, que estaba procesado por participación en secuestros y torturas.
Menem firmó un total de diez decretos durante los años 1989 y 1990 que favorecieron a 1200 militares, civiles condenados por homicidios, torturas, privaciones ilegales de libertad, desapariciones y falsedad de documentación, entre otros delitos.
Los indultos de 1989
El 7 de octubre de 1989 el presidente Menem sancionó cuatro decretos indultando a doscientos veinte militares y setenta civiles.
- Decreto 1002/89: indultó a todos los jefes militares procesados que no habían sido beneficiados por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, excepto el exgeneral de división Guillermo Suárez Mason, que había sido extraditado de los Estados Unidos.
- Decreto 1003/89: indultó a líderes y miembros de los grupos guerrilleros y otras personas acusadas de subversión, entre ellas personas que se encontraban muertas o «desaparecidas». También indultó a militares uruguayos.
- Decreto 1004/89: indultó a todos los participantes de las rebeliones militares carapintadas de Semana Santa y Monte Caseros en 1987 y de Villa Martelli en 1988.
- Decreto 1005/89: indultó a los exmiembros de la Junta de Comandantes Leopoldo Galtieri, Jorge Isaac Anaya y Basilio Lami Dozo, condenados por los delitos cometidos en la conducción de la Guerra de las Malvinas.
El 9 de septiembre, miles de personas marcharon por las calles y en las plazas del país. Y en Buenos Aires cerca de 500 mil personas marcharon y en Plaza Congreso se realizó un acto en el cual familiares de desaparecidos, sobrevivientes de los centros de extermino y familiares de víctimas leyeron una carta a Menem en la cual le pedían que no firmara los indultos.
Los indultos de 1990
El 29 de diciembre de 1990 el presidente Menem sancionó seis decretos indultando a un nuevo grupo de personas.
- Decreto 2741/90: indultó a los exmiembros de las juntas de comandantes condenados en el Juicio a las Juntas de 1985 Jorge Rafael Videla, Emilio Massera, Orlando Ramón Agosti, Roberto Viola, y Armando Lambruschini. Indultó también a los militares condenados en crímenes de lesa humanidad Ramón Camps y Ovidio Riccheri.
- Decreto 2742/90: indultó a Mario Eduardo Firmenich, líder de la organización guerrillera Montoneros.
- Decreto 2743/90: indultó a Norma Kennedy, procesada por malversación de fondos públicos.
- Decreto 2744/90: indultó a Duilio Brunello, condenado a inhabilitación absoluta y perpetua por el delito de malversación de fondos públicos.
- Decreto 2745/90: indultó al exministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz procesado por participación en los delitos de lesa humanidad (secuestro y torturas) contra Federico y Miguel Ernesto Guthein.
- Decreto 2746/90: indultó al exmilitar Guillermo Suárez Mason por delitos de lesa humanidad.
Anulación de las «leyes de impunidad» y de los indultos
En marzo de 2001 en el marco del caso “Simón” presentado por el CELS, el juez federal Gabriel Cavallo declaró por primera vez la nulidad de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida afirmando que eran incompatibles con las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino a partir de la elevación a rango constitucional de los Tratados Internacionales que consagró la reforma constitucional de 1994. Esta decisión fue luego confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de Buenos Aires.
En agosto de 2003, se promulgó la ley 25.779, que anula las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, y un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que declara la invalidez e inconstitucionalidad de ambas leyes, se habilitó el avance de las causas judiciales por los delitos cometidos durante la dictadura militar. Además, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales los indultos concedidos por el expresidente Carlos Menem, lo cual quitó la última traba legal a la realización de los juicios.
Ese año, luego de la anulación de las llamadas “leyes de impunidad”, los diferentes fiscales involucrados comenzaron con las investigaciones de los hechos, pero las causas que involucraban a los indultos presidenciales se vieron frenadas hasta el año 2006.
En 2005 comenzaron a formularse los pedidos de elevación a juicio de las diferentes causas. Los diferentes juicios, que se llevan a cabo desde el año 2007, se realizaron a través de todo el país.